¿Quién controla a las rondas? Miguel E. Santillana
Desde comienzo de año, el presidente del Poder Judicial, Dr. Duberly Rodríguez, realizó viajes a provincias y entre las instituciones que decidió visitar fueron las rondas campesinas, dándoles “todo su respaldo”. ¿Eso significa impunidad?
Las Rondas Campesinas se formaron en Chota y Cutervo-Cajamarca en 1975 contra el abigeato y la falta del Estado en dar seguridad pública. El sistema de rondas, con el pasar de los años, se multiplicó a nivel nacional y también han incursionado en zonas urbanas. Fueron cumpliendo funciones como se establecen en la Ley Nº 27908, “son la forma autónoma y democrática de organización comunal, que apoya el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas. Éstas colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial, cumplen funciones de seguridad y contribuyen a la paz comunal dentro de su ámbito territorial”.
Pero ¿quién controla a las rondas campesinas si se extralimitan en sus funciones? ¿Qué sucede si ellas violan derechos humanos aplicando su “justicia rondera”? No existe dentro del Estado peruano nadie que las supervise o controle. Sólo hay niveles de coordinación con la Policía Nacional (entrega de personas arrestadas) pero ningún control.
Lo que se está observando con preocupación es que la autoridad del Estado peruano pierde terreno o claudica frente al accionar de las rondas campesinas en las circunscripciones donde operan. Se han vuelto una fuente de poder paralelo que amenaza o hace ejercicio de la fuerza contra pobladores y/o autoridades locales.
Pongamos algunos ejemplos que han quedado impunes: • Las rondas campesinas castigaron al alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba-Piura, Merbin Peña Vilela • En La Libertad ronderos hacen "ranear" a alcalde en plena Plaza de Armas • La jueza María Chuquillanqui Chinguel y personal de la Policía Nacional fueron atacados por un grupo de ronderos del caserío de Chipillico, en la provincia de Ayabaca (Piura). La jueza tuvo que ser hospitalizada. • En el 2013 ronderos de Huancabamba azotaron a seis personas que trabajaban en la minera Río Blanco Cooper, en la comunidad de Portachuelos, a donde llegaron buscando a otros cinco compañeros que estaban perdidos. • En Cajamarca 16 miembros de las rondas campesinas de Celendín secuestraron y maltrataron a Luis Castañeda Pisco, ex gobernador del distrito de Sorochuco, y Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, en venganza porque ellos y los habitantes de esas y las demás localidades adyacentes al proyecto Conga apoyan de manera decidida ese emprendimiento minero.
Y esta situación se repite a nivel nacional con más frecuencia. ¿Y el Estado?
En este clima de violencia tolerado por el Estado, las autoridades locales electas son desplazadas. En cierta medida, las rondas se convierten en grupos paramilitares locales que secuestran a la población. Ejemplo, no les permiten ejercer derechos fundamentales como el de libre expresión.
El control de la población les permite un accionar político local sin ser autoridad electa. También permite una plataforma para futuras candidaturas.
En el caso de inversiones privadas, las rondas imponen sus “agendas políticas” (de no existir al momento de la llegada de los inversionistas, se crean inmediatamente), y tratan de extraer rentas no proyectos de desarrollo para el beneficio de la comunidad. Se trata de “ajustar” a las empresas para que puedan hacer realidad sus proyectos.
Veamos algunos ejemplos (guardaremos el nombre de las empresas): • la ronda campesina ha ordenado al proyecto de exploración que le entregue información sobre las personas que han participado en los talleres de participación ciudadana ¿para amedrentarlas?, • ha “prohibido” a la empresa informar y sensibilizar sobre su proyecto a la población hasta que ellos lo autoricen, además de ordenar a la gente a que no conversen con funcionarios de la empresa. • un dirigente rondero ha promovido la formación de una ronda bajo su control para obligar al alcalde a dejar sin efecto un convenio de cooperación que firmó con una empresa, pues su pretensión es que la empresa firme otro convenio entregando dinero contante y sonante.
Y podríamos mencionar más ejemplos.
Si el Estado peruano quiere promover la inversión privada debe tener una clara política frente a las rondas campesinas y poner los límites.
Pero existe otro peligro. Sendero Luminoso se ha reorganizado desde el 2007 (información revelada por Cecilia Valenzuela, documento aprobado por el Comité Central que le fue encontrado a Artemio) y tiene un plan de relanzamiento a través de la “Violencia Social” ya no la “Violencia Revolucionaria”. Lo que está haciendo Sendero es penetrar a las organizaciones de base de la sociedad peruana sin que “el Perú oficial” se dé por enterado. Se han creado una multiplicidad de organismos de fachada buscando una unidad entre “obreros, campesinos, pre burguesía y burguesía nacional (los informales)”. Esta nueva estructura cuenta con un grupo legal de apoyo que sabe las debilidades del sistema legal peruano y su incapacidad de reaccionar a tiempo frente a la amenaza. ¿Tenemos una Ley sobre apología del terrorismo?
Sendero ha manifestado que quiere “participar de las luchas del proletariado minero”. Se tiene evidencia de su participación en la huelga de Tía María como en conflictos de Cusco y Puno. Existe un peligro real que el nuevo Sendero penetre a las rondas campesinas o que sus dirigentes, ante la “competencia”, tengan que “radicalizar” sus posturas. ¿Cuál será la respuesta del Estado?
Presidente del Poder Judicial participó en congreso de rondas campesinas
La reunión se realizó en la ciudad de Cutervo donde Duberlí Rodríguez expuso ante cientos de ronderos el tema “Pluralismo Jurídico”.
Durante el evento, el titular judicial habló sobre los límites de la justicia rondera. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, participó como ponente del XIV Congreso Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas de Cutervo 2017, localidad que está dentro de la jurisdicción del Distrito Judicialde Lambayeque.
Durante el evento, el titular del Poder Judicial habló sobre los límites de la justicia rondera, resaltando a los cientos de ronderos que acudieron a la cita, que se debe respetar el derecho a la vida, no aplicando la muerte, la tortura y el abuso sexual.
El magistrado explicó sobre el Estado Multicultural y precisó que es el mismo Estado que tiene que respetar en un nivel de igualdad todas las culturas, incluida la ronderil, amazónica, andina y de los pueblos originarios.
“El Poder Judicial respeta a las rondas campesinas, por ello reconocemos que tienen funciones de juez en administrar justicia en el campo, que está basada en tradiciones y costumbres, no en códigos que es propia de los jueces profesionales”, sostuvo Duberlí Rodríguez.
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