Luis Pacheco, Hace 3 días 08/06/2019 3 min lectura
Constructora facilitó a la Fiscalía documentos que evidencian un reembolso para realizar una carretera de más de 470 millones de soles.
Antes de continuar, se debe saber que, desde finales de mayo último, se supo que la constructora Graña y Montero había iniciado un proceso de colaboración eficaz corporativa con el Equipo Especial de la Fiscalía.
Así pues, la empresa confesó que dejó una cuantiosa coima de 12 millones 500 mil soles para hacerse, junto con ICCGSA y EIVI, de una obra por 476 millones 700 soles, que Provías Nacional (del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) habría licitado convenientemente.
Por el funcionamiento orquestado que mantenía el ‘Club de la Construcción’, el ‘acuerdo’ fue desembolsar el 2,69% del total del proyecto de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en Ayacucho, para conseguir realizar su rehabilitación y mejoramiento.
Entonces nació el Consorcio Vial Quinua, conformado por Graña y Montero, ICCGSA y EIVI. Las tres empresas, en acuerdo mutuo, decidieron abonar 37 millones 500 mil soles, divididos en tres partes iguales. Los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Provías Nacional, solo tendrían que haber simulado una licitación y dejar de la adjudicación en manos de las constructoras, en 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala.
Aparecieron los nombres
En 2017, con el destape de corrupción de empresas constructoras a cuestas, la nueva administración de Graña y Montero, con Augusto Baertl a la cabeza, decidió colaborar con las autoridades; realizó una auditoría y apareció un extraño y elevado pago a una empresa por un servicio que no aparecía en documentación. Siguiendo esa ruta, se pudo saber que el monto transferido coincidía con la cifra que hemos mencionado.
Pero no quedó allí, Graña y Montero sumó documentos que demostrarían cómo la administración anterior de la empresa escondió de su contabilidad la cantidad pagada a los funcionarios gubernamentales y a otros operadores que participaron en la conspiración.
ICCGSA, según la versión de personas cercanas a la investigación, se encargó —en este caso— de hacerentrega del dinero a los funcionarios gubernamentales cómplices. Esta constructora también estaría en lista de espera para acogerse a la colaboración eficaz.
Durante el proceso de licitación, que terminó por beneficiar al Consorcio Vial Quinua, el director ejecutivo de Provías Nacional era Raúl Torres Trujillo, y los miembros del Comité de Licitación fueron Roberto Salinas Álvarez, Renato Caballero La Rosa y Selvi Ruberto Vargas.
Todos los mencionados se encuentran bajo investigación fiscal, según informó el diario La República.Este contrato fue firmado el 23 de noviembre de 2011 por José Jordán Morales, representante de ICCGSA, y el titular de Provías Nacional, Raúl Torres Trujillo.
Hay más
Recordemos que, hace unos días, la Sala de Apelaciones del Poder Judicial decidió que José Paredes, hermano del exministro de Humala, Carlos Paredes Rodríguez, continuara recluido en el penal Castro Castro por 18 meses por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo en el marco del caso ‘Club de la Construcción’.
Asimismo, es importante señalar que, según lo señalado por Jorge Barata, el esquema de esta red delictiva empresarial empezó el año 2001 y fueron aproximadamente 18 empresas las que conformaron el ‘Club de la Construcción’.
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