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Saturday, February 14, 2015

LOS TESTAFERROS DE ORELLANA

Rodolfo Orellana admite que utilizó testaferros para adquirir propiedades

Estrategia. Orellana se mostró desafiante ante miembros de la Comisión y aseguró que no existen razones para cuestionar legalidad de sus operaciones inmobiliarias.
Estrategia. Orellana se mostró desafiante ante miembros de la Comisión y aseguró que no existen razones para cuestionar legalidad de sus operaciones inmobiliarias.

Abogado afirmó que él dirigió y participó de todos sus negocios. Dijo que aprovechó “vacíos legales” para realizar transacciones inmobiliarias y otros negocios.
Patricia Hoyos S. 
En su segundo interrogatorio ante la comisión parlamentaria que lo investiga, Rodolfo Orellana Rengifo, procesado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, admitió que utilizó testaferros para adquirir inmuebles, que fueron despojados de sus dueños de manera fraudulenta. 
Durante la sesión, que se llevó a cabo en el penal de Piedras Gordas, el abogado afirmó que el dinero que se utilizó para la compra y venta de propiedades era suyo, pero que prefirió recurrir a terceras personas para que realicen las transacciones inmobiliarias porque "él no tenía tiempo". 
Orellana narró una ocasión en que le dio dinero a Nadal Rueda Manrique, presunto testaferro de la red, para adquirir un terreno de la Cooperativa de los Empleados Civiles de la Marina de Guerra (Coo­pemmar).
Lo curioso de este caso es que Nadal Rueda pasó de dedicarse al ámbito de la jardinería a convertirse en socio de Orellana Rengifo y próspero empresario. En ese sentido, el abogado argumentó ante la comisión que "no es delito que una persona humilde compre un inmueble".  
“YO SOY EL JEFE”
Consultando en algunos momentos su libro sobre el Código Civil, el procesado abogado se defendió ante los miembros de la comisión aduciendo que en ningún momento cometió un delito porque se amparó en vacíos legales. 
En ese sentido, dijo que él mismo dirigió y participó en todos sus negocios, incluidas las operaciones inmobiliarias. 
A diferencia de su primer interrogatorio, esta vez Orellana optó por no comprometer a ninguna autoridad del Estado ni dar nombres específicos de personas que habrían trabajado con él. 
Es así que antes de iniciar la sesión, pidió la palabra para descartar sus presuntos vínculos con el ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. Del mismo modo, rechazó que él haya afirmado que manejaba el Ministerio Público, tal como lo informó un medio local.  
REUNIÓN CON FISCAL
En otro momento, el abogado reconoció que se reunió en el 2013 con el suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, cuando aún estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno.  
Según refirió, acudió a su oficina porque sentía que el Ministerio Público, entonces a cargo de José Peláez Bardales, había emprendido una "persecución" en su contra. 
Esta declaración no convenció a los miembros de la comisión debido a que Orellana Rengifo tuvo como socio a Daniel Ramsay, asesor de Peláez Bardales. 
No obstante, Orellana dijo no recordar si Ramos Heredia había asistido a su oficina en San Borja, tal como lo aseguraron las ex trabajadoras de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) María Zaplana y Adriana Delgado.
NOTARIOS INVESTIGADOS
En el marco de las investigaciones, los miembros de la comisión aprobaron el último lunes una nueva lista de 24 investigados, entre los cuales figuran notarios, empresas y personas naturales que presuntamente tendrían vínculos con la organización delictiva. 
Este es el caso de los notarios Walter Pinedo Orrillo, Serafín Martínez Gutarra y Antonio Chavarry Arce. Los tres funcionarios son investigados por expedir documentos a favor de la red de Orellana para la apropiación ilícita de terrenos y propiedades.
No obstante, en la relación también figuran cuatro personas de nacionalidades china y   española. Esta última sería Alfonso Gonzales Salazar, quien participó en la transferencia de un inmueble en San Borja, valorizado en 100 mil dólares, a favor de la red de Orellana. 
Hoy a las 10 de la mañana, la comisión investigadora interrogará a Ludith Orellana en el penal de mujeres de Chorrillos.
Dictan prisión preventiva para colaborador y gerente de Coopex
A pedido de la fiscal Marita Barreto, el Juzgado Penal Nacional dictó prisión preventiva contra Carlos López Noriega y la captura internacional de José Valderrama Contreras, dos de los principales colaboradores del detenido empresario Rodolfo Orellana.
En tanto, otorgó comparecencia a Zoila Montoya, administradora de Juez Justo.
López Noriega participó en el despojo de cinco inmuebles del Ministerio de Educación, después de lo cual fingió su muerte, para renacer con la identidad de Cayo López Reátegui.
Mientras tanto, se dispuso la captura internacional de José Valderrama Contreras, uno de los fundadores y ex gerente general de la cooperativa Coopex.
Nueva lista de investigados
1. Iris Fabiola Ulloa Infante
2. Eduardo Smith Rodríguez
3. Walter Ramón Pinedo Orrillo
4. Largio Hurtado Palomino
5. Mike Deivis Torres Torres
6. Alfonso Gonzales Salazar
7. Rosa María Ledesma Vela
8. Susana Calderón Vascones
9. Xuemin Zhang
10. Serafín Martínez Gutarra
11. Mario Córdova Huamanccari
12. Humberto Pascual Velásquez
13. Xinjian Qu
14. Liqin Qu
15. Jian Zhou
16. Shamrock del Perú SA
17. Mota Engil Perú SAC
18. Inmobiliaria Santa Clara SA
19. Florida Invesment Holding SAC
20. Pilar Rojas
21. Eugenio Cisneros Navarro
22. Antonio Chávarry Arce
23. Alberto Vásquez Ríos
24. Zoila Montoya Sernaque

Más de una decena de notarios son investigados por presuntos nexos con la red Orellana



VACÍOS. Presidenta del Consejo de Notarios, Roxana del Águila, afirmó ante la Comisión Orellana que no tiene las herramientas para fiscalizar labor de notarios a nivel nacional.
VACÍOS. Presidenta del Consejo de Notarios, Roxana del Águila, afirmó ante la Comisión Orellana que no tiene las herramientas para fiscalizar labor de notarios a nivel nacional.
Indicios. Lista alberga 77 nombres de notarios, entre los cuales 11 están bajo la lupa de la comisión investigadora del caso en el Congreso. Notarios Walter Pinedo Orrillo y Serafín Martínez Gutarra participaron en varios procesos de expropiación de inmuebles a favor de la red criminal.
Patricia Hoyos Salazar
Al menos setenta y siete notarios habrían acreditado documentos de la red criminal deRodolfo Orellana para la apropiación ilícita de inmuebles pertenecientes a los sectores público y privado. De esta larga lista, al menos 11 estarían bajo investigación de la comisión que indaga el caso en el Congreso de la República.
Según información del grupo parlamentario estos son los notarios Serafín Martínez Gutarra, José Barba Castro, Walter Pinedo Orrillo, Narcizo Jara Peña, Antonio Chavarry Arce, Pedro Nuñez Palomino, Alejandro Ramírez, Anibal Corvetto, William Busto, Enrique la Negra, Manuel Gálvez y William Busto. 
Algunos de los nombres de los funcionarios aparecen certificando documentos de compraventa, preescripción adquisitiva y minutas con las que la organización criminal pudo adueñarse de propiedades a través de testaferros y de documentos adulterados.  
El pasado 30 de septiembre, la Comisión Orellana citó a la Jefa del Consejo de Notarios del Ministerio de Justicia, Roxana del Águila. 
"Lamentablemente no contamos con las herramientas legales suficientes para fiscalizar la labor de los notarios. Pero a raíz de estas denuncias actuaremos de inmediato para determinar si existen responsabilidades", declaró a La República, del Águila. 
CASO PINEDO
Uno de los casos más relevante es el del Notario Público de Lima Walter Pinedo Orrillo. Su nombre y su firma aparecen en seis expedientes distintos en donde la red de Orellana se apropió de diversos inmuebles. 
En el 2012, por ejemplo,  Pinedo Orrillo certificó la transferencia del inmueble de la Casa del Adulto Mayor, de la Municipalidad de Miraflores, ubicada en el N°125-129 del Malecón Armendáriz, que había sido expropiada ilícitamente por uno de los testaferros de Orellana.

El 24 de agosto de ese año, el notario expidió la escritura pública de Dación de Pago y transferencia de propiedad entre José Luis Ticse Porlles, presunto testaferro de la red criminal, y el Consorcio Gerencial SAC, que representaba a la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemmar). 
Esto autorizó que mediante una deuda ficticia, la propiedad de más de dos millones de dólares sea entregada por Ticse Porlles por una deuda que tan solo ascendía USD 100 mil. 
 El notario Pinedo Orrillo también fue el encargado de elevar a escritura pública la minuta de compra y venta del inmueble ubicado en la ciudad de Tumbes que, según denuncias periodísticas, sería un terreno intangible. 
El documento certificado corroboraba el traspaso del inmueble entre Hortencia  Flores Iturralde Cia SRL y ABC Group For Human Development SAC, representada por Rodolfo Orellana. 
Otro de los expedientes en el que se ha advertido el nombre del notario Pinedo Orrillo y que estaría vinculado con la red criminal es el relacionado con la compra y venta de inmuebles en Huachipa. 
MARTÍNEZ Y COOPEX
Otro de los notarios investigados es Serafín Martínez Gutarra. En el 2010, este abogado protocoliza el laudo arbitral expedido por un árbitro a favor de Wilmer Arrieta Riega para que se apropie del terreno de Arenas de Lima, de propiedad de Giovani Paredes. 
Lo extraño del caso es que Martínez certifica un laudo en donde no estuvo presente el propietario del inmueble. 
"Hicimos una queja ante el Colegio de Notarios y este solicitó la suspensión del mismo. Además presentamos una denuncia", declaró a La República el abogado de Paredes, Harold Castillo. 
En otra ocasión, Martínez Gutarra fue el notario encargado de protocolizar un laudo arbitral que permitió despojar a la Compañía Peruana de Teléfonos en Santa Clara de dos propiedades. 
Coincidentemente, en el 2008, Martínez Gutarra fue el encargado de certificar los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex), vinculada a Rodolfo Orellana. 
La República intentó comunicarse con los notarios, algunos no quisieron atendernos y otros no pudieron ser localizados. 

Edmundo Peláez el hermano del ex-fiscal de la Nación detenido tras ingresar a inmueble ligado a mafia de Orellana


En la comisaría. El ex presidente del CNM fue trasladado hasta una dependencia policial de Surco donde rindió su manifestación ante un fiscal.
En la comisaría. El ex presidente del CNM fue trasladado hasta una dependencia policial de Surco donde rindió su manifestación ante un fiscal.
El ex presidente del CNM fue intervenido cuando ingresó violentamente a una propiedad en litigio en compañía de un grupo de matones. Casa de Surco fue adquirida irregularmente por cuñada del detenido empresario.
En horas de la tarde de ayer, el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, fue detenido junto a otras 10 personas en el distrito de Surco. Al momento de ser intervenido por la Policía Nacional, el también hermano del ex fiscal de la Nación, José Peláez, trataba de ingresar por la fuerza a una propiedad vinculada a la red del detenido empresario Rodolfo Orellana.
En la propiedad, ubicada en la Avenida Batallón San Juan, se encontraban efectivos de seguridad privada de la familia del fallecido Carlos Maúrtua, antiguo propietario del inmueble. Ellos se enfrentaron a las personas que acompañaban al ex presidente del CNM, y que intentaban tomar posesión de la propiedad de forma violenta.
Según fuentes policiales, en su mayoría estas personas tenían antecedentes delincuenciales, nada menos que por robo, secuestro y hasta homicidio.
Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Chacarilla, en Surco, donde cada uno de los intervenidos fue interrogado por efectivos de la policía. 
Al llegar a la dependencia policial, se certificó que dicho inmueble contaba con una constancia de posesión de la propiedad a favor de la viuda de Carlos Maúrtua, Esperanza Torres Delgado.
RED ORELLANA
El caso de la propiedad de la familia Maúrtua está fuertemente involucrado a la red de corrupción del hoy detenido empresario Rodolfo Orellana. Resulta que esta propiedad fue puesta en arbitraje de manera ilegal, proceso del cual fue beneficiada la cuñada del propio Orellana, Rosalía Vargas, también sindicada como una de las principales testaferros del ex dueño de la revista Juez Justo.
La defensa de la familia Maúrtua presume que el arbitro que validó este proceso es uno de los abogados vinculados a la mafia de Rodolfo Orellana.
Apenas Rosalía Vargas tuvo en su poder esta propiedad, siempre de manera irregular, la vendió a la señora Cristina Huamán Álvarez, quien asumió de este modo la titularidad del inmueble. Sin embargo, el terreno continuaba en litigio para que la titularidad regrese a la familia Maúrtua. De hecho, este proceso sigue hasta hoy. 
Cuando Peláez Bardales fue detenido por los efectivos del orden, se presentó ante ellos como abogado de Cristina Huamán Álvarez. El abogado de la familia Maúrtua, Javier Ramírez, asegura que denunciarán a Huamán Álvarez para que sea incluida en las investigaciones que se siguen a la red que encabezara Rodolfo Orellana.
"La titular registrada es la señora Cristina Huamán Álvarez, quien compró el inmueble de manera irregular a la señora Rosalía Vargas. Esta es una operación más del clan Orellana", manifestó el abogado Ramírez.
Ayer en altas horas de la noche, la supuesta propietaria del inmueble, Cristina Huamán Álvarez, quien también se encontraba entre los detenidos, brindó sus declaraciones a la fiscal que se hizo presente para atender el caso. Luego de esto fue dejada en libertad.
Según la defensa de Esperanza Torres Delgado, Huamán Álvarez nunca pudo acreditar el haber comprado el inmueble que perteneciera a Carlos Maúrtua por US$ 350 mil. Esto luego de una inspección a sus antecedentes patrimoniales. 
Al cierre de esta nota, aún se encontraban brindando sus declaraciones ante los fiscales el ex presidente del CNM, Peláez Bardales y las otras ocho personas que lo acompañaron en la intervención en la propiedad en el distrito de Surco.
CLAVES
Para hoy por la mañana estaría pactada una inspección a la propiedad, en la que participarían miembros de la fiscalía y todos los implicados en el suceso.
Desde agosto del 2014 la propiedad está físicamente en posesión de Esperanza Torres Delgado, viuda de Carlos Maúrtua.

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