Por: Sofía López (elopez@grupoepensa.pe)
El Hotel Sheraton y la Plaza de Armas de Piura fueron -según el testimonio de un colaborador eficaz- los puntos de encuentro para la entrega de dinero a dos actuales congresistas, a cambio de que apoyen los proyectos que permitieron al hoy presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, mantenerse en la administración de la azucarera Tumán. La investigación, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, concluye que los parlamentarios Marisol Espinoza Cruz (APP) y Javier Velásquez Quesquén (APRA) desarrollaron la labor de operadores políticos dentro del Congreso de la República.
PREVIOS
El 2 de diciembre del 2010, el Congreso debatió la Ley N°4363/2010-CR, que proponía establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras. La norma protegía a las azucareras Cayaltí, Tumán y Pomalca, siendo las dos últimas administradas por el Grupo Oviedo. La citada disposición ampliaba el plazo para que las empresas no sean embargadas por sus deudas millonarias.
Durante el debate, el congresista Javier Velásquez Quesquén pidió poner las cosas en contexto, porque -según él- se quería dar a entender que la ley solo favorecía a una persona (Edwin Oviedo).
“ […] Y que los que están con esa persona son mafiosos o están metidos en cosas ilegales e inmorales y que los que están contra ella son los que levantan la bandera de la moralidad. No creo eso”, dijo en ese momento.
A su turno, la congresista Marisol Espinoza, quien había llegado al Parlamento en aquella época con Unión por el Perú (UPP), sostuvo que su bancada insistiría por el derecho de los trabajadores.
Además, pidió la exoneración de la segunda votación. “Considerando que no está el presidente ni el vicepresidente de la Comisión Agraria, solicito en mi calidad de secretaria de dicho grupo de Trabajo, la exoneración de la segunda votación”, manifestó.
Terminado el debate, se aprobó la ley con 40 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.
OBSERVACIONES
Fue el gobierno del entonces presidente Alan García el que observó la autógrafa. El Ejecutivo explicó que la protección es discriminatoria y haría perenne el dominio de grupos con escasa participación en el capital social de las azucareras, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son también de su propiedad. Además, el exmandatario García señaló que la prórroga de la protección contra medidas de embargo implicaría que se continúe incrementando las deudas de la azucareras. La observación fue enviada al Congreso a través del Oficio 004-2011.
PROTESTAS
En ese contexto, desde diciembre del 2010, un grupo de trabajadores azucareros habían llegado a la Plaza Dos de Mayo de Lima para protestar y exigir que se aplique la norma.
El entonces secretario de Organización de la Empresa Azucarera Pomalca, Luis Peramás Muñoz, había explicado que la promulgación de la ley los protegería de embargos. “Solo pedimos que se extienda la protección un año más para lograr el pago de nuestras deudas y nada más. Nuestras cuentas han mejorado en los últimos años y cumpliremos con nuestros pagos”, aseveró.
Los congresistas Aníbal Huerta Díaz, Marisol Espinoza, Fredy Otárola y Daniel Abugattás fueron los que se acercaron al cruce de la avenida Abancay con el jirón Huallaga, donde se concentraban los azucareros, y les manifestaron que insistirían en la ampliación de la ley.
INSISTENCIA
Tras la observación del Ejecutivo, el 20 de abril del 2011 el pleno del Congreso revisó una vez más el proyecto. Fue el presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta Díaz, quien pidió que el proyecto solo sea sometido a votación porque ya se había generado un debate. Esta vez fue aprobado por 71 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Tan solo un mes después de la publicación de la ley, Jorge Luis Espinoza, hermano de la congresista Marisol Espinoza, ingresó a trabajar en la Empresa Agroindustrial Tumán.
TESTIMONIO
El colaborador de la Fiscalía N°12-2015 recuerda los hechos de la protesta de forma diferente. Él cuenta que ingresó a trabajar en la azucarera Tumán en el año 2010 y le asignaron la labor de seguridad. “Habíamos viajado (a Lima) un grupo seleccionado por la persona de Gregorio Leguía para reclamar a favor de Oviedo sobre la ley de protección patrimonial”, se puede leer en sus declaraciones.
El colaborador explica que Gregorio Leguía era quien recibía el dinero para pagar a todos los que viajaron a Lima. “(...) un pago de 150 soles diarios para cada persona, aparte de su día de labor normal que les correspondía en la empresa Tumán. En total, éramos un promedio de 600 personas aproximadamente que nos mantuvimos en el parque Dos de Mayo hasta que se dé la ley”, sostuvo.
PAGOS
El colaborador eficaz también reveló, en su declaración del 8 de julio del 2015, que dos congresistas habían recibido pagos para apoyar la aprobación de la ley que beneficiaba a Oviedo.
Según él, en julio del 2011, Pablo Arce, quien se reportaba directamente con Oviedo y le daba cuenta de todo lo que pasaba, llamó a Gregorio Leguía, que era quien pagaba a todos. Este último habría sido el encargado de ir al Hotel Sheraton de Lima alrededor de las 9 de la mañana, en julio del 2011, y entregar 70 mil soles en efectivo en una mochila negra al congresista Javier Velásquez Quesquén.
Según el colaborador, en noviembre de ese mismo año Leguía entregaría más dinero, pero esta vez a la congresista Marisol Espinoza.
“Leguía viajó en una camioneta y llegó a las 11:30 de la mañana a la Plaza de Armas de Piura, donde fue recogido en un tico por Jorge Luis Espinoza Cruz, hermano de la parlamentaria Marisol Espinoza. Después de dar tres vueltas por el lugar, aparecería una camioneta de color gris oscuro. Allí estaría la congresista y le entregarían el maletín con dinero”, sostuvo en su manifestación.
DEFENSA
Consultado sobre la investigación, el congresista Velásquez Quesquén indicó a Correo que no tiene ninguna relación con Edwin Oviedo. Además, se mostró dispuesto a someterse a las investigaciones. “Cuando el fiscal de la Nación me cite, acudiré”, manifestó.
Por su parte, la parlamentaria apepista Marisol Espinoza no contestó ninguna de nuestras comunicaciones. Sin embargo, en un programa de televisión sostuvo que todo es una falsa imputación, porque lo único que hizo fue defender una ley y a los trabajadores. “Yo voy a demostrar mi inocencia, porque hacer una ley no es delito en este país”, indicó.
