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Thursday, November 29, 2018

Alistan ley con trampa para favorecer a políticos investigados por lavado

Alistan ley con trampa para favorecer a políticos investigados por lavado

Únicamente con votos de Fuerza Popular y el Apra aprobaron dictamen que puede beneficiar a Keiko Fujimori y Alan García.

La Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, aprobó un dictamen para sancionar penalmente el financiamiento ilícito de los partidos, sin embargo, el texto, al ser ambiguo, puede terminar favoreciendo a políticos investigados por el delito de lavado de activos, según advirtió el abogado Carlos Caro Coria, en diálogo con este diario. 
El dictamen fue aprobado hoy al promediar la una de la tarde únicamente con votos de Fuerza Popular y el Apra. Los parlamentarios Marisa Glave y Marco Arana protestaron por la entrega tardía del borrador y habían pedido no aprobarlo en forma inmediata.
Rosa Bartra sometió a votación el texto, sin un mínimo y adecuado debate. Votaron a favor el aprista Javier Velásquez y los fujimoristas Miguel Torres, Héctor Becerril,Úrsula Letona, Gilmer Trujillo, Luis Galarreta, Milagros Takayama y Mario Mantilla.
Gino Costa y Marisa Glave votaron en contra, mientras que Gilbert Violeta votó en abstención.
Ley de impunidad
Marisa Glave alertó que el dictamen de Bartra contempla términos vinculados con el delito de lavado de activos. “El fraseo del inciso b del agravante (del dictamen) todavía tiene vinculación con el delito de lavado de activos. Es un error incluirlo”, expresó.
En diálogo con La República, el penalista Carlos Caro Coria fue más directo al señalar que el texto final aprobado por la Comisión de Constitución podría favorecer a políticos investigados por lavado de activos, como Keiko Fujimori o Alan García.
La principal crítica de Caro es que el texto contempla “una generalidad” en la frase “financiamiento de carácter ilícito”, del primer párrafo. 
Apuntó que dicha generalidad genera confusión con el tipo penal del lavado de activos, que ya está regulado en el Código Penal. Es más, el dictamen establece penas más benignas que favorecerían a los políticos actualmente investigados por lavado.

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