DOS UNIVERSIDADES PROTEGEN A TRES EXMINISTROS BOLIVIANOS ACUSADOS DE GENOCIDIO Y ASILADOS POR ALAN
El expresidente Alan García no tiene autoridad moral para ser abogado del activista político y opositor venezolano, Leopoldo López.
En su segundo gobierno, dio asilo a cuatro acusados de prácticas dictatoriales y genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta
Alerta Bolivia: Diario 16 ha ubicado, en Lima, a tres de los cuatro exministros bolivianos prófugos de la justicia que recibieron refugio -de forma irregular- por Alan García, que vulneró el artículo 7 de la Ley de Asilo del Perú que prohíbe dar esa protección a personas que hayan participado en crímenes de lesa humanidad, como lo es, en este caso, una masacre sangrienta.
Ocurre que está comprobado que las cuatro exautoridades participaron, en el grado de complicidad, en la firma del decreto supremo Nº 27209, en el año 2003, que desencadenó en una masacre militar, denominada ‘Guerra del Gas’, que dejó como saldo 65 muertos y 450 heridos (muchos de ellos, han quedado con quemaduras, sin piernas, sin ojos y lisiados físicamente).
Aquí, en Lima, tres de ellos tienen gollerías (pese a no contar con los requisitos académicos) y están muy agradecidos con García.
Por Juan Carlos Chamorro/ @juancchamorro
El afán protagonista del exministro de Economía de Bolivia, Jorge Ernesto Torres Obleas, ha delatado su ubicación en Lima.
Pero, su grave error, no solo lo ha puesto en evidencia sino también a sus otros dos coacusados de ser cómplices en la masacre militar: Dante Pino Archondo (extitular de Asuntos Financieros) y Javier Torres Goitia (exministro de Salud).
Ocurre que Torres Obleas, Pino Archondo y Torres Goitia están acusados por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia por el delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta.
Ellos, según las pruebas demostradas en su juicio, firmaron el decreto supremo de urgencia Nº 27209 que dio luz verde para que los militares disparen contra civiles, en octubre de 2003, durante los sucesos de la llamada ‘Guerra del Gas’ (revuelta popular contra la venta de gas a Chile que dejó como saldo 65 muertos y 450 heridos).
Los tres exministros, junto a otros seis, firmaron el referido decreto de urgencia demostrando fidelidad y sujeción al expresidente de Bolivia, Gonzalo ‘Goni’ Sánchez de Lozada (asilado en Estados Unidos).
Por lo tanto, en este reportaje, al mostrar nuestras pruebas, ya no debe existir un pretexto para que la justicia de Bolivia no pueda pedir su inmediata extradición o expulsión del Perú.
diario16 también pone al descubierto que esos tres exministros cuentan con el respaldo -ya sea por complicidad o ignorancia- de las autoridades de dos importantes casas de estudios: la Universidad César Vallejo (UCV) y la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC).
Esta es la increíble historia de tres exministros bolivianos acusados de genocidio y que disfrutan además en el Perú de diversas gollerías.
El asilo
Entre los años 2009 y 2010, el gobierno de Alan García Pérez dio asilo político, pese a la queja internacional del presidente Evo Morales, a cuatro ministros bolivianos que fugaron rumbo al Perú.
Se trata de los extitulares de las carteras de Hacienda (Economía), Jorge Ernesto Torres Obleas; de Salud, Javier Torres Goitia Caballero; de Asuntos Financieros, Dante Pino Archondo; y de Participación Popular, Mirtha Quevedo Acalinovic.
Esos cuatro exaltos funcionarios son miembros del partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), aliado político regional del Partido Aprista Peruano (PAP), ya que ambos forman parte de la Internacional Socialista.
Es decir, históricamente, el MNR ha sido un partido político socio del Apra.
Por ese motivo, gracias a esos lazos ideológicos y de interés político mutuo y estratégico, García les concedió a esas cuatro personas, entre los años 2009 y 2010, el asilo político.
No obstante, ese asilo dado por García, vulneró el artículo Nº7 de la Ley de Asilo Político del Perú que prohíbe conceder ese derecho o beneficio a una o más personas que estén acusadas por narcotráfico, terrorismo o crímenes de lesa humanidad, sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como es el caso del delito de genocidio por el que han sido acusados en su país de origen.
diario16 solo ha podido ubicar a Torres Obleas, Pino y Torres Goitia.
El paradero de Mirtha Quevedo en el Perú es desconocido.
Torres Obleas y Pino se burlan de la Sunedu
>> JORGE TORRES OBLEAS. Es director de la Unidad de Postgrado de la Universidad César Vallejo (UCV) y profesor de la maestría en Ciencias Políticas. ¡Con qué moral!
El protagonista de esta historia -Jorge Torres Obleas- es ingeniero electricista de profesión y actualmente es nada menos que director académico de la Unidad de Postgrado de la Universidad César Vallejo (UCV).
El despacho de Torres Obleas está ubicado en el pabellón B, piso 2, en la sede principal de Lima Norte, en Comas.
Sin embargo, es una especie de director fantasma, casi nunca se le ve por la universidad, no va a trabajar muy seguido, pero sí le gusta ostentar de ese cargo en su página personal de Linkedin y en redes sociales.
Parece que sigue el lema de su amigo Alan García: “la plata llega sola” (o también podría ser “se la lleva fácil”).
* Este periodista descubrió este hecho al mimetizarse como postulante a la maestría en Derecho Penal de la Unidad de Postgrado que él dirige.
Las cuatro semanas que este reportero dio vuelta, como pollo a la brasa, por su oficina, nunca lo encontró.
“No está”, “está por el patio”, “está de comisión”, “vino y se fue”, fueron algunas de las excusas que dieron, las personas que trabajan con él, las veces que se preguntó por el paradero de él.
Pero, lo que deben de saber de una vez los dueños de la UCV, la plana docente, los alumnos y los padres de familia de esa prestigiosa universidad es que Jorge Ernesto Torres Obleas está acusado de genocidio en Bolivia.
Posee, además, orden de captura internacional, hace vida política dentro de la universidad, es pro aprista y viaja al exterior las veces que quiere, según su record migratorio.
Desde el año 2009, fecha en que recibió su estatus de asilado, salió 14 veces de Lima, por el aeropuerto internacional Jorge Chávez, rumbo a Estados Unidos, Argentina, República Dominicana y Chile.
Usó su pasaporte Nº DV00058.
Esos viajes los ha realizado pese a que existe una orden de captura internacional en su contra.
Gracias a la influencia de Torres Obleas, su amigo y coacusado de genocidio, el exministro Dante Pino, también ha conseguido una chambita en la UCV como profesor de Economía.
Sin embargo, un hecho que llama la atención es que Torres Obleas y Pino no cumplen con los requisitos de la nueva Ley Universitaria, controlada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Jorge Torres Obleas ha inscrito, en la Sunedu, en el año 2011, su título profesional de licenciado en la carrera Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Mayor de San Andrés (UNMSA).
Y, en el año 2012, su título de maestría en Planeación por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin embargo, no posee una maestría en la especialidad como exige el artículo 69 de la nueva Ley Universitaria.
Es decir, debería de tener una maestría en Administración de Empresas (MBA) o una maestría en Gerencia de Educación Superior. Pero no lo tiene. Por lo tanto, no puede ser director académico.
Creador de la maestría en Ciencias Políticas
Otro elemento que llama la atención es que Torres Obleas haya sido, sin tener maestría en Ciencias Políticas, el artífice de la creación de la nueva maestría en esa especialidad que esa casa de estudios ofrece en su carta de menú de este año.
El 5 de octubre del año pasado, Jorge Torres Obleas, cometió el gran error que lo delató a él y a sus coacusados.
Torres Obleas realizó una presentación pública de la nueva carrera de Ciencias Políticas de la UCV, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República.
Pero su error fue haber pensado que la comunidad boliviana decente que vive en el Perú se iba a olvidar fácilmente de su presencia y de su rostro.
¿Con qué autoridad moral, un acusado por genocidio, que firmó un decreto por sumisión o espíritu de cuerpo dando luz verde para que militares metan bala a gente civil indefensa (y que si era inocente, como él argumenta, no afrontó su juicio y se fugó de su país), puede ser profesor de la maestría de Ciencias Políticas o haya sido el artífice de la creación de esa especialidad?
La respuesta es que en el Perú puede pasar cualquier cosa.
Una reflexión: ¡A ver qué le pasaría a un ciudadano peruano, de a pie, acusado de genocidio, quiera en Argentina, Chile o Bolivia ocupar el cargo de director de Postgrado de una de las universidades más importantes del país (y, además, sin cumplir con los requisitos de ley)!
Este elemento lo puede confirmar cualquier miembro de la comunidad peruana en Bolivia que cumple cabalmente con los requisitos que le exigen las leyes de ese país.
¡Atención UCV!: Torres Obleas se encuentra en calidad de “rebelde” ya que se encuentra prófugo de la justicia.
Pino, sin papeles
El caso del profesor de Economía de la UCV, el boliviano Dante Napoleón Pino Archondo, es como para que el gobierno peruano y la Sunedu actúe de inmediato y de oficio (sin restarle importancia al caso de Torres Obleas).
Pino se luce en las redes sociales como profesor de Economía de la UCV, a tiempo completo, pero su título profesional, en caso lo tenga, no lo ha inscrito en la Sunedu, como pide la ley.
Según el artículo 82 de la nueva Ley Universitaria, para que una persona pueda ejercer el cargo de docente debe tener el grado de maestría en la especialidad y debe estar inscrito en la Sunedu.
Pinedo, por lo tanto, no ha cumplido con ese requerimiento y, por ello, no puede ser docente de la UCV. Así de simple.
Ojo, atención señor César Acuña Peralta: Pino también se encuentra en calidad de “rebelde” por el juicio de genocidio.
El pediatra, tampoco puede ser docente
El exministro de Salud, Javier Torres Goitia Caballero, acusado por genocidio, también le gusta dictar clases en las universidades pero sin tener los papeles en regla.
Es docente universitario en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y publicita ese cargo en su página de Linkedin.
Posee dos títulos inscritos en la Sunedu: como médico cirujano en la Universidad de Chile y como especialista en pediatría, también en esa casa de estudios.
Los dos cartones los regularizó, en el nuevo organismo estatal que controla la educación universitaria, en el año 2009.
Sin embargo, no posee títulos de maestría ni doctorado, como lo exige el artículo 82 de la nueva Ley Universitaria.
Por lo tanto, al igual que los otros dos casos anteriormente señalados, tampoco puede ser docente universitario en Perú.
Según su record migratorio, ha realizado, desde el año 2009, 16 viajes al extranjero, usando su pasaporte Nº DV00034, pese a que tiene orden de captura internacional en su contra por encontrarse “rebelde” en el juicio por genocidio en la modalidad de masacre sangrienta. Es decir, se burla de la justicia de su país.
Estas cuatro joyitas le dejó, de regalo, Alan García al gobierno de Ollanta Humala.
Las autoridades tienen la última palabra…
Así fue la masacre llamada ‘Guerra del Gas’
En octubre de 2003 se inició una revuelta popular, en la ciudad de El Alto, Bolivia, debido a la protesta contra la decisión de exportar gas a Chile tomada por el entonces gobierno de Gonzalo ‘Goni’ Sánchez de Lozada.
Debido al bloqueo de las carreteras y las marchas de protesta, Sánchez de Lozada firmó, junto a sus nueve ministros, el decreto supremo 27209 que dio luz verde para que haya represión militar a los manifestantes mediante el uso de armas de fuego.
Ese decreto de urgencia abrió la puerta para que los militares saquen sus armas de los cuarteles y tengan libertad para disparar a inocentes y revoltosos. Ese hecho, al final, acabó en una masacre militar que dejó como saldo 65 muertos y 450 heridos (muchos de ellos con quemaduras, sin piernas, sin ojos y lisiados físicamente).
EL JUICIO
El 30 de octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció, en Sucre, a cinco exjefes militares y a dos exministros bolivianos en el juicio de responsabilidades por genocidio que se instauró hace ocho años al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Los exjefes militares Roberto Claros y Juan Veliz Herrera fueron condenados a 15 años y seis meses de reclusión.
El general José Quiroga y el almirante Luis Alberto Aranda, a 11 años de presidio.
Y, el general Gonzalo Mercado, a 10 años.
Los exministros de Medio Ambiente y de Trabajo, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, respectivamente, fueron condenados a tres años de reclusión por complicidad.
El abogado defensor de las familias de las víctimas, Rogelio Mayta, ha recordado que aún faltan por extraditar al expresidente de Bolivia así como a nueve exministros, entre ellos las cuatro autoridades que se encuentran en Lima, Perú.
El exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada y los extitulares de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín; de Minería e Hidrocarburos, Jorge Berindoague; y, de Agricultura, Guido Añez Moscoso, poseen asilo en Estados Unidos.
En Perú, se encuentran los exministros Mirtha Quevedo Acalinovic, Javier Torres Goitia Caballero, Jorge Ernesto Torres Obleas y Dante Napoleón Pino Archondo (los cuatro casos anteriormente desarrollados).
Y, en España, el exministro Hugo Arturo Carvajal Donoso tiene refugio.
Por lo tanto, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus nueve exministros se encuentran en calidad de rebeldes. Por eso, no tienen sentencia.
Los nueve exministros están acusados de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta (en el grado de complicidad).
Están en calidad de rebeldes porque están prófugos.
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