Exponen medidas para evitar corrupción y regular responsabilidad de personas jurídicas

Exponen medidas para evitar corrupción y regular responsabilidad de personas jurídicas

Propuesta fue planteada en conferencia organizada por la Presidencia del Congreso, en la que se destacó la posición del Perú como país participante del Grupo de Trabajo de la Convención Antisoborno de la OCDE.

Con una  mayor transparencia  y menos corrupción tendremos un mejor desarrollo económico, concluyó su alocución John McKendrick, experto en temas anticorrupción del Reino Unido, en el marco de una conferencia sobre el tema que inauguró el Oficial Mayor del Congreso, Javier Ángeles, a nombre de la presidenta del Poder Legislativo, Ana María Solórzano Flores. 

En su intervención en la conferencia “El Perú y su Adhesión a la Convención Antisoborno  de la OCDE: La Regulación  de la Responsabilidad Autónoma de las Personas Jurídicas”,  McKendrick hizo un recuento de los avances logrados con la Ley Británica contra la corrupción en el año 2010, la misma que se enfoca en las empresas que buscan sobornar a funcionarios públicos, que es lo más común en este tipo de delito, con lo cual no sólo se debilita el estado de derecho, sino también el desarrollo económico del país involucrado.

Esta corrupción, explicó, parte del hecho de que se cree que “el soborno es parte del negocio”, que es “un gasto adicional al negociar y que no está del todo incorrecto”  o que “es un asunto cultural”, pero la realidad, anotó,  es que el soborno y la corrupción “hace que los países pobres sigan  pobres y que se promuevan malas decisiones  y una gobernabilidad deficiente”.

Por ello consideró que la Ley Británica es una guía útil  para que otros midan su legislación interna y es una directriz para determinar si se realiza lo necesario para combatir el soborno y fortalecer el estado de derecho.

En esta conferencia, que organizó el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso, con la participación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), participó también Iván Montoya, quien expuso sobre las iniciativas legislativas para la regulación de la responsabilidad autónoma  de las personas jurídicas.

Comentó que el sistema judicial peruano es de inspiración alemana y un tanto española, por lo cual aún no cuenta con legislación para regular la responsabilidad de las personas jurídicas que ya han logrado los británicos, pero, al igual que el Oficial Mayor del Congreso, informó  que está en trámite un dictamen  elaborado sobre la base de cuatro proyectos de ley  al respecto que incluye las responsabilidades por todos los delitos de corrupción.

También expuso José Ávila Herrera, coordinador general de la CAN, quien se refirió a la participación del Perú en el Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como la jefa del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, Melissa Garro, quien dio la bienvenida a los participantes  y agradeció el apoyo brindado al evento por la Presidenta del Congreso.  

Hay que resaltar que esta iniciativa también es fruto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el International Governance and Risk Institute (GovRisk), la Embajada Británica el Perú, y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

El International Governance and Risk Institute (GovRisk) es una organización británica que se especializa en la capacitación y consultoría de alto nivel en campos relacionados con la anticorrupción, la lucha contra el lavado de dinero y casos de fraude en las compras públicas.

Mark Willcock, gerente de proyectos de GovRisk, precisó que GovRisk en asociación con la Embajada Británica en Lima, busca ayudar al gobierno peruano en la implementación efectiva de su estrategia anticorrupción.

Anteriormente, se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo para generar un intercambio de ideas entre el sector público, sector privado y sociedad civil respecto a las acciones que el Perú requiere para lograr el acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en particular, al Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales.

ANTECEDENTES

En el 2009, el Estado peruano solicitó su adhesión a la Convención Antisoborno de la OCDE y expresó su voluntad de formar parte de su Grupo de Trabajo Antisoborno. En atención a dicha solicitud, el 20 de setiembre de 2012 el citado grupo de Trabajo remitió una comunicación al Perú en la que mostraba su preocupación sobre la capacidad de nuestro país de cumplir con las obligaciones referidas al decomiso del valor del producto del soborno; las sanciones pecuniarias para las personas naturales en el delito de cohecho internacional; y la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.

En ese marco, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a través de su Coordinación General, desarrolló distintas acciones y estrategias, a efectos de adecuar nuestra legislación a los estándares exigidos por la OCDE.  Como resultado de ello, se logró la aprobación de las leyes Nº 30076, que modifica el artículo 102 del Código Penal a fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilícitamente obtenidos; y, Nº 3001, que incorpora la pena de multa para los delitos de corrupción.

Estas modificaciones en nuestra legislación dieron lugar a que en diciembre de 2013, el Perú pase de ser “país observador” a “país participante”. La obtención de la categoría de “miembro pleno” en dicho Grupo está supeditado a que el Perú incorpore en su legislación la regulación sobre responsabilidad autónoma de personas jurídicas.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 4054/2014-PE que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción, la que se suma a otras iniciativas legislativas que pretenden lograr la adecuación plena de nuestra normativa interna a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.(SN)